La Ley de Pensiones y la mala política

Por Miguel Ángel Chávez Valencia
Publicada el

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Red Ciudadana

La respuesta oficial ante la pretensión del sindicato del gobierno del estado y de su dirigencia para sindicalizar a cerca de 500 trabajadores, plasmada en enviar al congreso del estado una iniciativa de ley de pensiones que no fue consensada con los sindicatos, además de distraer la atención de temas como la grave inseguridad que hay en el estado, muestra la ausencia de sentido político de un gobierno sobre el que independientemente del resultado final que tenga el tema, la cerrazón, insensibilidad y falta de oficio político dejará saldos negativos en los trabajadores agraviados y en sus familias.

 

Posiblemente se pensó que los legisladores cercanos al gobernador podrían aprovechar el tema para asumir la defensa de los trabajadores y aprovechar la coyuntura para un posible beneficio electoral. Incluso pudo pensarse que Ignacio Peralta podría pasar a la posteridad como un gobernador tolerante y respetuoso de la división de poderes, al que el congreso corregiría la plana, esto al tomar en cuenta a las propuestas de organismos sindicales. Haya sido o no éste el objetivo, la ruta trazada tiene muchos riesgos, sobre todo porque ante la estrategia que ha seguido el oficialismo, para los trabajadores solo se engrosó la lista de agravios en su contra, pues en su percepción se les muestra como contrarios al gobierno y a la sociedad, no como un sector que contribuye con su esfuerzo a los objetivos de la administración estatal, y al que se deben garantizar pensiones justas y acordes a un nuevo marco legal que permita la viabilidad de las finanzas estatales. A continuación muestro los que a mi juicio son algunos unos ejemplos de esta situación:

 

1.- Desde el gobierno del estado y el PRI se han orquestado diversos intentos para socavar la fuerza y unidad del sindicato. Los trabajadores saben que las conquistas laborales alcanzadas a lo largo de 45 años, se deben en gran parte a la fortaleza de su organización gremial, misma que ha sido construida por distintos liderazgos. En ese sentido, los intentos de la administración estatal y el PRI para impedir la elección de Martín Flores como dirigente, y más adelante, para impulsar la creación de un sindicato alterno, además de entender que tienen como objetivo arrinconar y excluir del escenario político a su líder, también son percibidos por los trabajadores como ataques a una dirigencia y organización que de manera eficiente siempre han velado por sus intereses y derechos.

 

2.- No tomar en cuenta a los sindicatos e involucrar la participación de terceros para que opinen sobre cómo deberá administrarse el dinero que ahorren los trabajadores y la parte patronal, es visto por los sindicalizados como una ofensa, como una actitud hostil y lesiva que profundiza las diferencias existentes con el gobernador Ignacio Peralta.

 

3.- Si bien el discurso que nutre la perspectiva oficial no señala directamente a los trabajadores como enemigos, en términos reales sí los considera de esta manera. Al menos así lo dejan ver, por ejemplo, la represión laboral en el Instituto Colimense de Radio y Televisión, las inserciones en prensa, entrevistas, opiniones de columnistas afines y notas publicadas en diversos medios, además de la publicidad pagada en redes sociales por parte de algunos medios de comunicación. Una muestra muy desafortunada de esta “mala política” es la infografía que apareció en la prensa local a mediados del mes pasado, cuyos mensajes pretendían “concientizar”, por así decirlo, a la opinión pública, sobre la urgencia de contar con un nuevo marco legal en la materia. En pocas palabras, la publicidad oficial trataba de mostrar lo injusto que es pensionar a trabajadores en edad productiva, puesto que a diferencia de lo que ocurría cuando fue aprobada la ley vigente, hoy día gracias al incremento de la esperanza de vida jubilados y pensionados pueden disfrutar más años de sus beneficios. Por si esto fuera poco, esta propaganda oficial también señalaba que en caso de no llevar a cabo reforma, habría menos recursos para seguridad, educación, salud y obras. En resumen, en lugar de hablar de alianzas, trabajo en equipo y diálogo, se optó por mostrar a los trabajadores, a sus organizaciones y dirigentes como enemigos del Estado y de la sociedad.

 

Por las razones que hayan sido, lo más grave de esto es que el ejecutivo se sustrajo de la posibilidad de dialogar de manera directa con los diferentes organismos sindicales, pues al remitir la iniciativa al congreso, prefirió que las negociaciones las hicieran otros, evitando así sentarse en la mesa con los líderes, particularmente con Martín Flores Castañeda. Aunque no es la primera vez que el congreso se convierte en un foro para escuchar a las partes involucradas previo a la aprobación de alguna nueva ley, también es un hecho que el mandatario renunció a una responsabilidad política importante, cediéndola a la COPARMEX, CANACO y algunos medios de comunicación.

 

Si esta fuese una estrategia de cara al 2018 para fortalecer a los diputados locales vinculados a la parte oficial, posiblemente pueda lograrse el objetivo, pero a costa de profundizar en los trabajadores la percepción de un gobernador que no está con ellos, que cerró la ventana del diálogo, y que prefirió crear una atmósfera hostil para impedir que Martín Flores se saliera con la suya.

 

En otros sexenios se hubiese entendido que ante la cercanía de un proceso electoral, resultaría más que riesgoso promover una reforma o nueva ley de esta envergadura cuando no existen los consensos para la misma, sobre todo por la forma en que pretende ganar terreno en la opinión pública. Estoy seguro que Fernando Moreno Peña, Gustavo Vázquez, Silverio Cavazos o Mario Anguiano no habrían corrido el riesgo de confrontarse con los trabajadores y menos en la cercanía de un proceso electoral. Se trata de una política errada, una mala política cerrada al diálogo y a los acuerdos. Ante ello, los trabajadores de la burocracia estatal no vacilaron acudir al llamado de su líder y delegados sindicales para llenar el recinto del congreso cuando se presentó ante los diputados el análisis de la iniciativa y la propuesta de los burócratas; tampoco dudaron en buscar a los diputados en sus domicilios particulares para entregar cartas con sus respectivas peticiones, así como hacerse presentes y mostrar el músculo en redes sociales defendiendo sus derechos y conquistas.

 

Sin duda es el gobernador Ignacio Peralta quien tendrá la última palabra sobre en qué momento y de qué manera el congreso del estado aprobará la nueva ley de pensiones. Sin embargo, si la pretensión del mandatario era generar un problema para después salir él o los legisladores presentando la solución, todo parece indicar que se ha equivocado, particularmente por los costos que este proceso ha traído consigo para la parte gubernamental. Como escribió recientemente en su columna el periodista Adalberto Carvajal, el gobierno logró unificar las voces de organizaciones sindicales que incluso tienen profundas diferencias entre sí. A esto me permito agregar que mientras instrumenta una estrategia mediática y política en contra de Martín Flores, con estas últimas acciones le han dado una oportunidad inmejorable para que fortalezca su liderazgo con el activismo que está mostrando en la defensa del sindicato y sus agremiados.

 

Independientemente de que se posponga la aprobación, o que se tomen en cuenta las opiniones de los sindicatos, y que Héctor Magaña, Joel Padilla, Nicolás Contreras, Federico Rangel o Adrián Orozco Neri asuman la defensa de los trabajadores, el daño está hecho a la imagen de un gobernador que lo que más acumula son examigos, excolaboradores y excompañeros de proyecto político.

 

Amarrando Navajas:

+Ningún posicionamiento han emitido las dirigencias de los partidos con respecto al tema de la iniciativa de ley de pensiones. Sería interesante saber qué piensan al respecto las dirigencias del PRI y de Nueva Alianza, particularmente porque en los organismos sindicales afectados tienen a un buen número de militantes y simpatizantes.

 

 

*El autor es licenciado en ciencias políticas.


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